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La Alianza Evangélica de Brasil pide al gobierno “leyes más rígidas” contra la deforestación

En lo que va de año, y según la página web de estadística Queimadas, del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, se han contabilizado 144.300 incendios detectados por satélite en suelo brasileño. Una cifra que, indica la entidad, supone un aumento del 50% respecto a 2018, cuando se produjeron 94.504.

Mientras que el gobierno del Estado de Amazonas, la región más castigada por el fuego, en manos del Partido Social Cristiano (PSC), aseguraba que la tendencia de incendios entre enero y junio ha disminuido con solo 1.699 focos de calor, en comparación con los 2.221 y los 1.784 de 2016 y 2017, según datos propios, la observación exterior indica que 2019 ha sido un año de crecimiento de la deforestación en el país. 

En concreto, Global Forest Watch Fires y la NASA apuntan a un incremento del 39% en las alertas por incendios registradas en los primeros ocho meses de 2019, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior. Lo que se traduce en una cifra total de 269.868 alertas a lo largo de 2019, mientras que el total de 2018 fue de 220.111. 

INCENDIOS POLITIZADOS

“El Amazonas no está siendo devastado por el fuego, como dicen los medios de comunicación mentirosos”, señalaba el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la asamblea general de la ONU celebrada este mes en Nueva York. El jefe del ejecutivo brasileño ha mantenido un conflicto diplomático en las últimas semanas especialmente con el presidente francés, Emanuel Macron, que aseguró en redes sociales que “el bosque del Amazonas, el pulmón que produce el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas”. “Es una crisis internacional”, subrayó el líder del Elíseo durante la cumbre del G7 celebrada en agosto en Biarritz, y que aprobó destinar un fondo de 22 millones de dólares de ayuda al Amazonas. 

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Las palabras de Macron indignaron a Bolsonaro, que exigió una disculpa previa para aceptar la ayuda y calificó la actitud del presidente de Francia de “neocolonial”. Desde entonces, sus referencias mutuas suelen ir cargadas de una agresividad poco habitual en las relaciones entre ambos países. 

“Infelizmente, en Brasil vivimos un periodo de polarización política. El gobierno actual asumió el compromiso de atacar a la corrupción en todas las áreas del Estado y, en el ámbito de la región amazónica, hay muchos intereses económicos implicados, ya que hay riquezas innumerables en el suelo y el subsuelo, y el gobierno está revelando estos intereses, lo cual ha molestado a personas, políticos, ONG’s y empresas nacionales e internacionales”, explica el director ejecutivo de la Alianza Cristiana Evangélica de Brasil, Beto Barros, a Protestante Digital.

Imagen comparativa entre enero y junio de 2019 de la meseta brasileña de Roraima, después de los incendios en la zona. / Global Forest Watch Fires

FUEGO CADA AÑO

Desde la Alianza señalan que “los incendios suceden todos los años desde hace tiempo y en todo el continente latinoamericano”. Por ejemplo, Brasil registró en 2017 141.835 fuegos. O 125.310 en 2016. O 124.289 en 2015. “Debido a la repercusión internacional y nacional, la impresión es que era la primera vez que pasaba”, manifiesta Barros. “Cualquier incendio de grandes proporciones provoca muchos daños en la naturaleza, las reservas naturales y el patrimonio público y privado, y eso nos entristece”, añade. 

Barros también explica que “los focos han ido disminuyendo de manera natural, por la lluvia”, pero que en otros lugares ha habido “envío de tropas para combatir los incendios”. Sin embargo, matiza que hay que recordar que “la selva amazónica es tan densa y húmeda que no se incendia”. “Quema donde ha habido deforestación criminal o no, ya que hay deforestación legalmente autorizada”, dice. 

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EL PROBLEMA DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL DESCONTROLADA

La Alianza publicó en agosto un manifiesto reiterando la necesidad del cuidado del medio ambiente y la importancia de “la preservación de la Amazonia para el equilibrio del clima mundial”. Además, desde la entidad reclaman una revisión del marco jurídico que resulte en “leyes más rígidas” sobre la explotación forestal del país. “La legislación es muy blanda por causa de los intereses. Los órganos fiscalizadores ya han aplicado miles de millones de reales en multas, pero las personas, las empresas nacionales y extranjeras recurren a los tribunales y las sanciones acaban sin pagarse o siendo reducidas a valores ínfimos. He volado muchas veces sobre la floresta amazónica y es como volar sobre el mar, pero son horas de vuelo sobre un mar verde de árboles. Se vuelve difícil la fiscalización porque tenemos miles de kilómetros de fronteras que facilitan la tala de árboles, la extracción de oro y piedras preciosas”, apunta Barros. 

Según Global Forest Watch, el 88% de las alertas por incendios registradas corresponden áreas no protegidas y el 28% se localizan en áreas de explotación minera.