España se Deliza hacia la Depravación Moral: Presentan Propuesta de Ley LGTB en el Congreso

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Este grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos En Común registro para el Congreso de Diputados la Proposición de Ley que va contra la discriminación por la orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, e igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, conocida como “Ley LGTBI”. La propuesta se elaboro por partidos, con el apoyo y asesoramiento de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y el respaldo inicial del PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y Bildu. El PP no se posiciono en un inicio a favor de la propuesta, aunque el texto similar que se aprobo en distintas Comunidades Autónomas, como la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular. Para luchar contra la discriminación y fortalecer la igualdad de derechos, esta propuesta se encuentra disponible en la web oficial del Congreso y pretende incorporar “obligaciones y deberes” a las administraciones para establecer políticas “pro activas” así tambien como “un sistema de infracciones y sanciones que garanticen la igualdad y la no discriminación”.

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UNA POLICÍA ANTI-LGTBI EN MARCHA

Para aplicar esta ley, se prevé la creación de la Agencia Estatal “contra la discriminación por orientación sexual, e identidad de género, expresión de género y características sexuales”. Que tendrá financiación directa de los Presupuestos del Estado y actuará “con independencia de la Administración Pública en cuanto a sus funciones”. Esta Agencia tendra la presidencia nombrada por el Parlamento, secretaría, representantes de las CCAA y entidades locales, y la representación de entidades de defensa de los derechos LGTBI. Este órgano lvelara por las políticas de promoción escritas en la ley, que abarca el ámbito registral, familiar o de salud, el trabajo, la educación, el ocio o los medios de comunicación.

INCENTIVOS EN EMPLEO, EDUCACIÓN, MEDIOS

La ley garantiza el privilegio del colectivo LGTBI con el acceso al empleo, donde se premiará con “bonificaciones fiscales reducción de retenciones por IRPF, y otras medidas, ayudas y subvenciones en todos los contratos laborales que incluyan algún tipo de criterio para la igualdad de oportunidades”. Tambien la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas consideraran los criterios de igualdad marcados por la ley en la concesión de subvenciones. Las normas autonómicas, establecen la transversalidad de contenidos LGTBI en todos los tramos educativos, asi como la adecuación de los registros personales a la “identidad sentida” o garantía de asilo para personas LGTBI que sean perseguidas por esta razón en otros países. La norma estatal se refiere a ámbitos de ocio como los deportes, donde se exige en competiciones que garantice considerar “a las personas transexuales y transgénero de acuerdo a su identidad sentida en todos los efectos”. Cualquier persona puede competir en la categoría que se considere , y no a su sexo de nacimiento.

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INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

En el artículo 74 la norma establece la inversión de la carga de la prueba, es decir, que la entidad o persona que acusada de discriminación aportara “una justificación objetiva, razonable, y probada” de no haber cometido dicha discriminación. Este punto fue criticado por la Alianza Evangélica Española al analizar, hace ya tres años, la ley LGTB aprobada en Cataluña, parecida a la propuesta a nivel estatal.

RÉGIMEN SANCIONADOR

La norma contempla las infracciones administrativas, que serán dictaminadas por la Agencia Estatal ya mencionada. Que incluiran infracciones leves, graves y muy graves. La novedad de la norma es el énfasis que se realiza en la publicación de contenidos en Internet, que será vigilado en caso de salir victoriosa la ley. Se estimarán como infracción leve (multa de hasta 3.000 euros) “proferir, por cualquier medio o procedimiento y entre ellos explícitamente en Internet, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias”. Esta infracción sera “grave” cuando se considere reincidente, subiendo a la posible multa de los 20.000 euros. APLICAR TERAPIAS DE RECONVERSIÓN, “MUY GRAVE” entre las infracciones “muy graves”, serian de 20.000 a 45.000 euros o el cierre del establecimiento por dos años entre otros, se encuentra la promoción de “terapias de reversión de la orientación sexual o de la identidad de género”, multa que se podrá sin importar si la persona que recibe la terapia la solicito. La norma indica, que será “irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a las mismas” para la aplicación de la sanción. Se dio el caso en Madrid de una coach que la denunciaron por ofrecer dichos servicios.

ABOGADOS MUESTRAN RECELOS

Luego de conocer el proyecto de ley, algunos abogados y juristas sostuvieron sus dudas al respecto del régimen sancionador. El abogado David Bravo, fue elegido en las listas de Podemos para el año 2015 pero renunció a repetir en las listas del año 2016 y se desvinculo del partido, mostrandose muy crítico.

Las principales críticas es a la proposición de ley que abre la vía administrativa a castigar las opiniones expresadas en las redes sociales. Establece que aquellos rechazados por un juzgado como delito seran sancionados por la vía administrativa. La ley establece que un contenido sea retirado inmediatamente, llegando a ordenarse la interrupción de un servicio por Internet, sin una orden judicial.

ALIANZA EVANGÉLICA, CRÍTICA CON LEYES QUE AMENAZAN LIBERTADES BÁSICAS

Para el 2014 el debate acerca de estas leyes LGBTI empezo en Cataluña, siendo una de las primeras comunidades autónomas en aprobar una norma de esta forma. La Alianza Evangélica Española se reunió con los partidos políticos para decir su oposición a lo que consideraban una “amenaza” a la democracia y un “retroceso” en cuanto a la libertad en base a una discriminación positiva que sanciona y persegue al disidente. En un comunicado, realizado por la Alianza Evangélica mantuvo su oposición a dicha Ley semejante a la propuesta actual en el Congreso porque siguiendo la tradición oscurantista y antidemocrática, coloca a los disidentes la carga de la prueba, levantando asi la sospecha a la denuncia no fundamentada como instrumento político de represión de los disidentes, creando asi una inseguridad jurídica que no concuerda con un sistema de libertades”.

Fuente: Protestante Digital